El Pais_09/06/2010_El fiscal se querella contra Millet y Montull por el hotel del Palau
El fiscal ha presentado esta mañana en el juzgado de Barcelona una querella contra los saqueadores confesos del Palau de la Música Fèlix Millet y Jordi Montull, a los que acusa de los delitos continuados de tráfico de influencias y de apropiación indebida por su participación en una compleja operación urbanística para construir un hotel junto al coliseo musical.
Castells se muestra "tranquilo" y descarta por ahora comparecer en el Parlament
La querella del fiscal solicita que declaren como testigos el consejero de Economía de la Generalitat, Antoni Castells, así como el teniente de alcalde del ayuntamiento de Barcelona Ramón García Bragado y el ex edil Carles Martí, por haber firmado convenios urbanísticos para facilitar la operación o impulsar su tramitación administrativa.
En cuatro ocasiones, la fiscalía se refiere en su querella a que Millet y Montull "aprovecharon las relaciones personales generadas por su posición dentro de la sociedad civil y política catalana con autoridades y funcionarios de la Administración autonómica y del Ayuntamiento de Barcelona para conseguir que estos colaborasen en la realización de aquella operación urbanística en la que los querellados buscaban lograr un importante beneficio económico".
El caso arranca de 2003, cuando la Fundación Orfeó Català firmó un contrato con los hermanos de las Escuelas Cristianas y se hizo con la propiedad de tres fincas en la calle Sant Pere Més Baix, otra parcela sobrante y el derecho de propiedad del subsuelo, a cambio de realizar obras en el colegio por valor de 4,48 millones de euros. Obtenida la propiedad, Millet y Montull maniobraron para que se cambiase la calificación urbanística de esos terrenos de equipamiento educativo a equipamientos hoteleros. Así, el 8 de marzo de 2006, el consejero Castells y Millet firmaron un convenio para hacer posible la permuta de las calificaciones urbanísticas, provocando una pérdida patrimonial a las arcas de la Generalitat de 3,6 millones de euros.
El Palau acabó pactando con el grupo Olivia Hoteles la construcción de esa instalación, pero para hacerla posible era necesaria la aprobación municipal. El 10 de abril de 2008, la Comisión de Urbanismo del Ayuntamiento de Barcelona acabó aprobando la modificación "que a los querellados les interesaba", dice el fiscal.
