ABC_04-03-2010_Juez obliga a indemnizar a tres víctimas de acoso inmobiliario de Robadors 33
Los inquilinos que deberán ser indemnizados, de entre 70 y 74 años, viven en el número 33 de la calle Robadors de Barcelona, un edificio convertido en símbolo del "mobbing" inmobiliario en la capital catalana que motivó que la Fiscalía presentara el año pasado una macro-querella que está siendo investigada por el juzgado.
Precisamente, la querella de la Fiscalía de Barcelona se dirige contra Sofic Investments, la sociedad filipina domiciliada en Samoa que compró en 2003 el edificio, cuyos inquilinos aseguran que no reúne las condiciones mínimas de habitabilidad, sufren continuos cortes de agua y luz y alberga pisos patera y hasta burdeles encubiertos.
En su sentencia, a la que ha tenido acceso Efe, el juzgado de primera instancia número 38 de Barcelona condena a la inmobiliaria a indemnizar con 12.000 euros a cada uno de los inquilinos, representados por el abogado Roger Granados, por los daños morales que les causó.
No obstante, el juez ha desestimado la petición de los inquilinos de que se condenara a la empresa a reformar el edificio, por considerar que los arrendatarios incumplieron su obligación de comunicar a la inmobiliaria qué obras eran necesarias para acondicionar las viviendas.
La sentencia cree probado que por parte de la inmobiliaria hubo "una constante voluntad obstructiva para evitar el cobro de los alquileres y de administrar de manera al menos no diligente las obligaciones propias del propietario-arrendador de la finca".
Ello desencadenó una demanda de desahucio por falta de pago a dos de las inquilinas, que fue desestimada, de manera que los arrendatarios se vieron obligados a consignar judicialmente las rentas de alquiler.
La actitud de la propietaria del inmueble, según la sentencia, provocó "molestias y gastos a los arrendatarios, configurando una constante situación de intranquilidad en cuanto al goce pacífico de la finca" entre los años 2003 y 2008, cuando las rentas empezaron a cobrarse de forma habitual por una sociedad administradora de fincas.
La sentencia, basándose en el testimonio de los guardias urbanos que investigaron el caso, añade que los inquilinos ignoraban a quién acudir para gestionar los problemas propios del arrendamiento, dado que "se desconoce la persona física titular del edificio y con quién gestionar los problemas propios de un arrendamiento".
El juez concluye que la inmobiliaria ha sometido a "condiciones indeseables" a los tres inquilinos y recuerda que se trata de personas de avanzada edad, sin estudios ni recursos económicos.
Otros arrendatarios de ese edificio también han demandado por "mobbing" a la inmobiliaria, aunque su caso está todavía pendiente de sentencia. EFE
